Le
escuché al politólogo Carlos Augusto Chacón, en Hora 20, decir que el llamado a
juicio a Álvaro Uribe Vélez era una maniobra del presidente Gustavo Petro,
ejercida a través de la nueva fiscal, para salvar a su hijo Nicolás del juicio
que le espera. Tendría así el presidente un contrapeso en la orilla contraria
para negociar una amnistía en la propia. Y por el significado que tiene Uribe
en la sociedad política –incluso la gente que es adversa a él–, quizás hasta
serviría para hacerla extensiva al resto de encausados que se puedan reclutar
de tantas fuerzas violentas con las que el gobierno sostiene mesas de
conversaciones, incluido el ELN, que es la pieza mayor en sus propósitos de
celebrar una pacificación total. Me cuesta creer en tanta perfección y ni
siquiera me parece verosímil que, en un mano a mano de amnistías, Uribe se
cotice –él solito– por el precio de tantas siglas de ejércitos ilegales,
insurreccionales o no. Es que ni encimando a Nicolás (el otro, no Gabino)
cuadran las cuentas. ¿El comando central del ELN (Coce) se aguantaría esa
tarifa? Y tocaría agregar a los miembros del antiguo secretariado de las
ex-FARC, que vienen exigiendo un mecanismo de cierre que en realidad no les
haga la paz tan tortuosa.
Pero
volviendo al politólogo de Hora 20, creo que sobrevalora los reflejos de Petro.
No solo por lo rápido de la ocurrencia –la nueva Fiscal ni siquiera ha cumplido
el mes de posesionada, y resultaría demasiado obvio su petrismo–, sino por lo
“óptimo” de la maroma, que por fuera de la ficción suele ser más compleja. A
menos, desde luego, que Petro hubiera estado informado con anticipación del
llamado a juicio a Uribe, no obstante, el fiscal que lo firmó ser de la época
–no digo que de la cuerda– de Barbosa.
Así
son los análisis políticos que se hacen ahora. Y lo terrible, o a lo mejor es
una buena cosa, es que quizás acierten. La ficción es la política y lo
conspirativo es lo cotidiano. No solo es que Uribe algún día iba a ser llamado
a juicio, sino que cuando en realidad ocurre eso, más exactamente la semana
pasada, el hecho se le atribuye a una carambola ingeniosa a tres bandas,
diseñada en un laboratorio político de maquinaciones exprés, y no a la lógica
de los procesos judiciales, incluido éste, que de todas maneras ha sido muy
lento. Eso querría decir que el doctor Uribe estaba destinado a mantenerse en
suspenso, en un preámbulo eterno, endémico, sin desenlaces jurídicos. Y que se
desencadenó por una astucia azarosa, improvisada. Y estamos hablando de uno de
los casos que afectan al expresidente –su litigio con Iván Cepeda por “los
presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal”–, que, por su
vigencia y ruido en el tiempo, además de por el léxico desdramatizado usual en
la gramática judicial, ha puesto una piadosa pátina de olvido respecto al resto
de culpas trágicas de AUV.
Quien
no entró en el cálculo del politólogo de Hora 20, ¡qué falla!, fue Mancuso,
cuya presencia en el país no es atribuible a estrategias ni intrigas del
petrismo en el aparato judicial estadounidense. Esperamos que, con el nombre de
este compareciente, se agreguen al historial jurídico del expresidente los
temas previos al “soborno a testigos y fraude procesal”, que se han estado como
enfriando, no obstante, lo espeluznantes.