Los tres millones de hectáreas de tierra fértil que Fedegán va a venderle al Gobierno serán una oportunidad para saber qué hay de cierto en que un alto porcentaje de esas tierras han sido usurpadas y obtenidas a precio de miedo por los famosos “terceros de buena fe” desde la década de los 90. ¿O será que Fedegán escogerá con pinzas las tierras disponibles, para que no terminen teniendo problemas de legitimidad en su titulación? Eso llegará a saberse. En todo caso, son extensiones muy grandes como para intuir que son inmaculadas. A menos, obviamente, que la transacción implique una especie de pacto de caballeros entre un Gobierno de ¿capitalismo compasivo? y unos terratenientes urgidos de liquidez. Yo me limito a interrogar y ponerlo en duda, pues semejante operación obligaría a mayor filigrana y sofisticación política. Y todo está saliendo muy “mamey”. Desearía, por ejemplo, que la suma pactada esté por debajo del promedio comercial del precio y que esa rebaja hipotética sirva de indemnización —garantizada por el Estado— para los reclamantes de restitución y, al mismo tiempo, otorgue algún grado de inmunidad a los ganaderos implicados en el despojo. Todavía hay tiempo, si acaso hay tierras envenenadas, a que no cuesten nada, sin perjuicio de que si su tenencia implicó crímenes, otras instancias —tipo JEP o la JEP misma— se ocupen del asunto. Menos mal hay un registro riguroso en la Agencia Nacional de Tierras y en la Fiscalía, tanto de aquellos como de estos, y convendría no eximir a los vendedores del componente verdad... aunque la simple eliminación del costo equivaldría a una confesión. Lo importante es que no quede para la memoria histórica la imagen melancólica de que la paz fue comprada.
Es recomendable, incluso si el precio de las tierras sanas es el correcto comercialmente, no eludir el factor sinceridad y que los vendedores ofrezcan garantías de no reincidencia contra los nuevos vecinos de los latifundios. Personalmente, me causa nervios escuchar al señor Lafaurie hablar del 70 % de hectáreas ganaderas bajo su liderazgo y que ni siquiera se ruborice. El Estado es el fiador y no puede permitirse ninguna ingenuidad. De resto, sería una réplica grotesca del Frente Nacional. No hay que olvidar que la ministra Cecilia López, aunque parece obrar de buena fe, fue amamantada en la doctrina del bipartidismo excluyente. Y que el buenazo de Danilo Rueda es creyente en la conversión de las almas.
Dicen que el visto bueno de Fedegán a este negocio se debe a que pueden estar temiendo invasiones de paramilitares de nueva generación, circunstancia para la que no están preparados. O sea que “lo que se ha de empeñar que se venda”. Si incumplieran en lo ofrecido —pues este no es un trato de entregar la tierra y chao pesca’o—, cualquier astucia de su parte podría acarrear que este negocio de los tres millones de hectáreas no sea más que la cuota inicial para una nueva guerra, la peor de todas, quizá. Y ni el mundo y menos este país, que quedaría embargado, pues el presidente Petro se está resteando, están para eso.
Cruzo los dedos para que la “paz total”, o aunque sea subtotal —bastante ligada a este mecanismo de relojería—, sea causa y efecto de esta negociación. Lo mismo que la potencia alimentaria del país. Aunque me preocupa que el cambio climático ya empezó para muchos seres humanos de este y otros países. El tiempo se acaba.
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