Hay un dicho muy popular en Colombia que se suele escribir o pronunciar de manera exclamativa: “¡Y ese gasto lo hacen con mis impuestos!”. ¿Qué pillaron un desfalco en un instituto oficial?: “¡Se robaron mis impuestos!”. ¿Que una obra pública se desbarata antes de ser inaugurada?: “¡Ahí se fueron mis impuestos!”. Sí, es cierto, al ciudadano raso le cobran el IVA en cualquier compra y ese impuesto individual se suma al caudal de la DIAN y, por supuesto, naufragará en el primer puente que colapse. Mínimo $500 míos de IVA pagados se fueron al abismo cuando se partió en dos el Chirajara. Digamos que tiene su mérito y derecho patriótico eso de considerarse, en la financiación del aparato estatal, un individuo que se suma al colectivo de contribuyentes.
Lo que sí resulta un exceso de fantasía es pensar que la administración de esos billones de pesos recaudados en impuestos y la decisión de gastarlos en tal o cual obra depende de quienes los han pagado. Ojalá fuera así. Pero una especie de alta sociedad periodística —ante la que se agallinan muchos funcionarios de rango superior, que responden sus preguntas como si estuvieran ante sus jefes— procede como si así fuera y usan un tono de interrogatorio en sus entrevistas ejerciendo como los guardianes del tesoro público. Por ejemplo, cuando el Gobierno Santos se refería a los subsidios por reinserción que se les pagarían a 12.000 exguerrilleros para que invirtieran en emprendimientos agrícolas, la directora de un programa radial nocturno —y no era la única entre sus colegas— indagaba: “¿Y ese dinero de dónde va a sacarse, si estamos en déficit fiscal?”. Toda una dueña.
Cuando la empresa Triple A fue ofrecida por una bicoca a la Alcaldía de Barranquilla, socia de unos empresarios privados (allegados a la casa Char), y Daniel Rojas, director de la SAE, paró el negocio para impedir el detrimento del Estado, la preocupación de los mismos periodistas fue por la multa que se debía pagar: $59.000 millones, cuantía efectista con la que abrían titulares. Una chichigua en comparación con el billón y pico de pesos en que se estima el costo real de esa empresa que pretendían comprar por $565.000 millones para repartírsela entre sí los adquirientes. La alharaca de esos medios fue como si el dueño de un Audi le tuviera que dar las llaves del carro a un policía que le pone un comparendo por violar el pico y placa.
También por cláusulas penales (la menuda, la sencilla, el ripio) es que se preocupan algunos medios a propósito de los cambios que quiere introducir la Presidencia en el dilema entre el metro subterráneo y el aéreo. “¡Que tocaría pagarle indemnización a la empresa china contratista del metro aéreo!”, exclaman. Sin embargo, no le dieron despliegue a la reunión que tuvo personal de Presidencia con la empresa china. ¡Qué periodismo! Lo vulgar de todo esto es que pareciera no importarles que toda la avenida Caracas se convierta en un tugurio de ventorrillos por el estilo de lo que es la estación del metro del parque Berrío de Medellín que, además de tapar la vista del hermoso palacio de Calibío, adquirió un aspecto populoso tipo Bombay o Nueva Delhi. “¡Muy sexi!”, diría Peñalosa.
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