La Red Local de Organizaciones e Iniciativas
para el Desarrollo Regional
REDESARROLLO, agrupación de 35 entidades de la sociedad civil sevillana,
en defensa de nuestro patrimonio sociocultural y ambiental, realizaremos un
programa en alianza con los medios de comunicación locales: Emisora Comunitaria Juventud Estéreo,
Canal Local Vivavisión Televisión y Semanario Virtual Ciudadano en la Red. (Aquí se puede ver el foro en directo)
Efectuaremos un panel con invitados, tales
como: Dr. Javier Ovidio Espinosa Beltrán, coordinador CVC Sevilla; Señor Julio
Cesar Castañeda Figueroa, presidente Honorable Concejo Municipal de Sevilla;
Dra. Melva Rangel Henao, Personera Municipal de Sevilla; Ingeniero Rafael
Andrés Quintero Ceballos, Alcalde Municipal de Sevilla. A los cuales ya se les
cruzó con antelación la debida
invitación (ver aquí) y esperamos su presencia en este importante evento de
ciudad.
El tema a discutir será el polémico decreto 2691 (ver aquí) expedido el 23
de diciembre de 2014 por los ministerios
de Minas, Ambiente, Interior y Agricultura, que reduciría la autoridad de los
entes territoriales (municipios) para permitir o no la actividad minera.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su
territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los
de las territoriales a la hora hacer minería?
Esas son algunas de las preguntas que no tienen una respuesta certera y hacen parte de lo que
algunos expertos llaman un limbo jurídico. Mientras unos municipios toman
decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en
la que el 99% de los habitantes dijo NO a la minería—, algunas normas habían
buscado frenar el interés ciudadano.
Hay varios puntos que al parecer de Rodríguez
y de Carlos Lozano, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente (AIDA), no van en la dirección correcta. El primero de ellos es el
hecho de que los concejos locales puedan solicitar al Ministerio de Minas
medidas para proteger el medio ambiente, pero fundamentadas en estudios
técnicos cuyos costos debe asumir cada municipio.
“¿Será —cuestiona Rodríguez— que los concejos
municipales tienen los recursos y la capacidad para hacer o contratar estudios
tan complejos como uno de línea base de cuencas y de afectación a la salud
pública?”. “La Corte dice que son los municipios los que deben hacerlos. De
otra forma es inviable, porque como Ministerio no estamos autorizados a
destinar recursos para ello”, responde tajantemente el Ministro.
Pero además de esta inquietud hay otra que,
de acuerdo con Lozano, genera malestar: el Minminas —se lee en el decreto—
podrá consultar a las empresas respecto a la conveniencia de los proyectos que
pretenden desarrollarse, en relación con las medidas que han sido solicitadas
por los entes territoriales.
“Lo grave es que se le está dando el mismo
peso a una empresa que a un municipio, cuando estos tienen poder constitucional
y representan a una ciudadanía”, dice César Rodríguez.
Los sevillanos debemos estar muy al tanto de estos decretos y a todos los actos legislativos que tengan que ver con
minería y medio ambiente, primero porque estamos inmersos en la
declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero y no podemos dejar degradar este
Patrimonio de la Humanidad, y segundo, porque el paisaje y nuestros recursos
naturales son nuestro más preciado
patrimonio.
Redacción Ciudadano en la Red
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