Cumplido el ritual de la elección del nuevo
contralor general de la república, para el periodo 2018-2022, es apenas justo
recordar a quien hizo del control fiscal un hito transformador y de
modernización del país, sacando a esa entidad, la Contraloría General de la
República (CGR), de la postración moral y delictual en la que estaba sumida,
hasta cuando llegó Carlos Ossa Escobar a dirigirla.
En un país carente de memoria como el nuestro
es bueno recordar que, desde los años setenta, la CGR funcionaba con una nómina
de 17.000 funcionarios, todos recomendados de los representantes a la Cámara,
que era la que elegía al contralor; había oficinas auditoras en las
representaciones de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra; se tenía un
colegio muy bien dotado para los hijos de los funcionarios que, si bien
prestaba un servicio de bienestar, no estaba acorde con la misión
institucional; el contralor disponía de avión privado con una costosa
tripulación; los fallos de responsabilidad fiscal eran mediados por los
políticos jefes de los organismos afectados, y así, un sinnúmero de prebendas y
prerrogativas que hacían de este funcionario el segundo más poderoso del país
después del presidente de la república. Es más, se decía en los mentideros
políticos que era el paso previo para acceder a la presidencia de la república.
Entre los abusos de poder de esa época se
recuerda una caravana de buses con funcionarios de la CGR que se inscribieron
en una ciudad de provincia para votar por la hija del entonces contralor,
caravana que se repitió en la fecha de la votación, cuyo resultado fue exitoso
al salir elegida dicha persona. También se recuerda un tumultuoso homenaje en
el salón rojo del hotel Tequendama, en donde se haría el correspondiente
lanzamiento presidencial, pero fue tanta la afluencia de gente que eso le
sirvió de pretexto al oferente, el ilustre jurista Antonio Rocha, para
desencartarse de semejante compromiso con el argumento de no haber podido
entrar a ese congestionado recinto.
“Fue tan grande y fuerte el arranque de este
nuevo modelo de control fiscal que la CGR se convirtió en una especie de tanque
de pensamiento sobre los grandes problemas nacionales”
Esas son apenas un par de perlas de las muchas
en que incurrieron los poderosos contralores de la época, con los resultados
que el país conoce de cinco contralores en prisión. Esta circunstancia llevó a
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 a fijar reglas claras y un nuevo
ordenamiento legal riguroso para el funcionamiento de la Contraloría General de
la República.
Con ese nuevo esquema normativo y con una forma
de elección originada en las altas cortes, dos de ellas propusieron candidatos
de muy alto perfil y una de ellas, un candidato de la más pura extracción
clientelista. Por supuesto, el Congreso, actuando con espíritu de cuerpo,
eligió a su congénere, error manifiesto que deterioró aún más la imagen de la
Contraloría, cuyo titular no terminó el periodo por renuncia obligada en virtud
de su escandalosa detención carcelaria.
En ese contexto, tanto las cortes como el
Congreso hicieron un ‘mea culpa’, y de una terna de excelentes candidatos fue
elegido el exconstituyente y exviceministro Carlos Ossa Escobar, quien pasó a
ser el segundo contralor posconstituyente, con el mandato de cumplir con el
cometido que le asignó esa corporación.
Ossa propuso un plan de acción con el fin de
reestructurar y modernizar la Contraloría; para ello, concertó con el gobierno
de turno su apoyo para la consecución de un préstamo externo con el BID. Esta
entidad, ante la consistencia técnica y metodológica del plan de acción
propuesto y de la urgencia de ponerlo en práctica, aprobó los primeros recursos
para su implementación.
Lo primero que se hizo fue constituir un
eficiente equipo técnico de planta con un importante grupo de consultores
externos, el cual, bajo la coordinación del vicecontralor José Félix Lafaurie,
puso en marcha un nuevo modelo de organización institucional con una misión
ambiciosa orientada hacia el mediano y largo plazo, con un cambio de paradigmas
y nueva cultura cimentada en valores y compromisos de los funcionarios con el
buen uso de los recursos públicos.
Aparecieron áreas nuevas objeto del control
fiscal, como el medioambiente y recursos naturales; el control fiscal macro
para el seguimiento de las políticas públicas; la participación ciudadana, que
les abrió un amplio canal a las comunidades y gentes del común para denunciar
problemas de corruptelas y manejos deficientes en los proyectos regionales con
fondos nacionales; la incorporación de las tecnologías de información y de
comunicación para el trabajo en línea y en tiempo real, con interlocución
directa con las regiones con mesas de trabajo virtual; la nueva concepción del
proceso auditor con una visión integrada y articulada, apoyada en sólidos
estudios sectoriales que se hacían por primera vez; la conformación de una
planta profesional de funcionarios altamente competentes en la que el 90 por
ciento eran de carrera administrativa, lo cual constituye una garantía de
continuidad y estabilidad, y la atribución de funciones de policía judicial con
las cuales se facilitaba la interlocución y acción con los otros órganos de control.
Fue tan grande y fuerte el arranque de este
nuevo modelo de control fiscal que la CGR se convirtió en una especie de tanque
de pensamiento sobre los grandes problemas nacionales, y en la provincia,
quienes hacían control político querían que la Contraloría nacional usara el
poder preferente para acometer ciertas investigaciones como garantía del buen
suceso.
Pese a que ha pasado tanto tiempo, fue muy
satisfactorio advertir cómo, en el proceso de elección de contralor que acaba
de concluir, los dos mejores calificados en el área misional del control fiscal
fueron Wilson Herrera y José Félix Lafaurie, y Maritza Quintero y Jaime
Rodríguez participaron con suficiente demostración de conocimientos; todos
ellos integrantes del estupendo equipo armado por el contralor magnífico Carlos
Ossa Escobar.
Amadeo Rodríguez Castilla
Economista consultor
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